Crisis Económica y Sostenibilidad Social: La Nueva Política Sanitaria En España y Su Valoración Por Parte De La Población

La Unión Europea no fue ajena a la crisis económica comenzada en 2008,  que afectó particularmente a los países del sur. En concreto, España vivió una situación de escasa competitividad internacional, al mismo tiempo que alcanzó altos niveles de déficit y deuda, lo que obligó al gobierno a tomar medidas excepcionales. Una de ellas fue la reforma sanitaria, plasmada en el Real decreto ley 16/2012, do 20 de abril, de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” y de la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud.

En este trabajo se realiza un estudio cuantitativo basándose en una encuesta on-line hecha a la población en general, con la finalidad de analizar sus percepciones sobre el impacto de la reforma sanitaria en España. Los principales puntos analizados se han centrado en cuatro aspectos: acceso a la sanidad por parte de la población inmigrante, acuerdo con la política sanitaria, posibles diferencias en el tipo de atención sanitaria entre la población nacional y la población inmigrante y valoraciones sobre el sistema sanitario en general. Mediante un análisis estadístico descriptivo y de comparación de medias en base al estadístico t-student, se ha comprobado que las personas encuestadas revelaron mayoritariamente un claro rechazo de la reforma sanitaria propuesta, en todos los grupos de edades, si bien las mujeres han sido más contundentes en su oposición a esta medida. Por otra parte, aunque se ha constatado la eficiencia de esta política en términos de consolidación fiscal, las personas encuestadas no están de acuerdo con la restricción del gasto sanitario por motivos económicos, sobre considerando que el ahorro detectado sólo tiene en cuenta los efectos directos y no prevé su posible impacto en términos de salud pública en el largo plazo, lo que pone en duda la efectividad de la política desde el punto de vista del bienestar social.